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Nacionales 8 de julio del 2002

27 mil hondureños han muerto violentamente desde 1994

Carlos Enrique Girón
Tegucigalpa

 

Casi veintiocho mil muertes por distintas causas, unos catorce mil vehículos robados, cerca de dieciocho mil robos y asaltos y 187 secuestros, son algunas estadísticas de hechos delictivos que reporta la policía desde 1994 hasta abril pasado. Las cifras son cautas si se considera que de los 298 municipios del país unos ochenta no cuentan con policías que acudan a tomar nota de los sucesos y muchos otros casos que simplemente no son reportados por la población. No obstante a que el pueblo percibe que la delincuencia se ha incrementado gradualmente al extremo de que nadie está seguro ni en su casa, las estadísticas reflejan que los índices no han tenido una variación significativa, excepto en lo relativo a secuestros y robos, en los que el aumento es considerable.

Los secuestros en 1994 fueron cuatro y el año pasado 37. Ese mismo año se registraron dos mil 633 robos mientras que el año pasado la cifra fue de tres mil 803.

Oficialmente la policía reporta veintisiete mil 961 muertes desde 1994, de las que cinco mil 133 ocurrieron en algunos de los 38 mil 549 accidentes de tránsito y cuatro mil 38 por otras causas.

Guerra total.

El mismo ministro de Seguridad Juan Angel Arias, aunque asegura que la delincuencia ha bajado en su gestión, califica las estadísticas como reflejo de una “guerra total”.

Sin embargo, lo que más atemoriza a la población, a parte de los hechos en sí mismos, son las connotaciones macabras que cada día van adquiriendo los actos criminales que involucran violación de menores de ambos sexos, asesinados con lujo de sadismo, enterrados con características de satanismo, ancianos víctimas en iguales circunstancias y muerte de secuestrados pese al pago de los respectivos rescates, señaló el asesor forense del Poder Judicial, Denis Castro Bobadilla.

Cifras como las mencionadas mantienen en zozobra a todos los estratos de la sociedad, sentimiento que se agudiza cuando se constata que la mayoría de los responsables andan libres “y peor aún no se sabe quién es el enemigo en esta guerra”, manifestó Andrés Pavón, presidente del Comité de los Derechos Humanos, Codeh.

En el caso de las muertes violentas apenas el cinco por ciento de los presuntos responsables fueron capturados, según Castro Bobadilla, quien agregó que esa impunidad es la que genera la desconfianza de la población en las autoridades en general y de la policía en particular.

Para Ramón Custodio López, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, se avecina un nuevo esfuerzo de grandes magnitudes que podría cambiar el rumbo de la seguridad ciudadana, pues, según indicó, en pocos días se realizarán reuniones al más alto nivel para buscar soluciones definitivas a tan agudo y fatal problema.

Uno de esos esfuerzos ya está plasmado, es un proyecto de ley para la creación de la “policía comunitaria” mediante la cual se legalizaría la creación de “comités de seguridad” en los 123 municipios del país clasificados como los más conflictivos.

Para la conformación de estos comités se dispondrá de unos veinticinco millones de lempiras y los alcaldes junto a las comunidades escogerán a los integrantes de esos grupos que andarán armados de machetes y toletes. La policía comunitaria. Aunque lo han tenido en reserva, el Ministerio de Gobernación y Justicia elaboró un anteproyecto de ley para crear los comités de seguridad ciudadana en 123 municipios y se crea la Comisión Nacional de Seguridad.

Según Andrés Pavón, la Comisión Nacional de Seguridad estará integrada por funcionarios del Ministerio Público, de Seguridad, Gobernación y Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y del Consejo Nacional de Seguridad Interior, Conasin.

Se plantea en el documento que el alcalde tiene la facultad de organizar los comités de al menos diez personas en cada barrio, colonia o comunidad.

Los miembros de los comités serán personas que se identificarán con un chaleco, andarán toletes y machetes y podrán capturar, registrar y patrullar, acciones que según Pavón le corresponden al Estado.

Por su lado, el ministro Arias aceptó que el problema es grave pero tiene la intención de resolverlo y mira en la policía comunitaria una de las alternativas para regresar a Honduras “a la época de nuestros abuelos, cuando había mayor tranquilidad”.

Señaló que la ley de policía faculta al gobierno para crear la policía comunitaria. Ya hay comités de seguridad pero se necesitan regulaciones de naturaleza legal para no correr el riesgo de que aparezcan organizaciones que atenten contra derechos humanos y las leyes.

¿Quiénes mataron a esos veintisiete mil?.

“En cualquier sociedad donde el crimen organizado alcanza los niveles de impunidad que tiene Honduras no puede darse sin una tolerancia de parte de los cuerpos policiales encargados de la seguridad”, de acuerdo a Custodio.

Pesimista o realista, Custodio está claro que “la policía está moribunda, los delincuentes nos llevan goleados, la estrategia de quien dirige el equipo no es esa”.

Y es que no obstante a que se cree el cuerpo y inteligencia y los comités de seguridad ciudadana, que servirán para prevenir el delito, aún queda la pregunta de dónde están y quienes son los responsables de matar a los veintisiete mil ciudadanos en los últimos años.

El asesor forense del Poder Judicial Denis Castro señaló que la policía de investigación apenas capturó al cinco por ciento de los presuntos responsables de las muertes pero el resto anda libre o dónde están, qué hace la policía, no previene ni investiga.

Por intromisión y falta de logística no se resuelven mayoría de muertes:

La intromisión de algunos oficiales de la Policía Preventiva, de sectores poderosos políticos y económicos y la falta de apoyo logístico en la Policía de Investigación son algunos factores que impiden que en el corto tiempo se esclarezcan la mayoría de los asesinatos en San Pedro Sula.

Según la fuente, los grandes obstáculos que se cruzan en el camino de las investigaciones es la intromisión, la fuga de información por algunos agentes de la Policía Preventiva que ponen en alerta a las personas involucradas.

También sucede que cuando una investigación está avanzada y a punto de esclarecerse algunos sectores políticos y económicos elevan sus tentáculos hasta las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad y de las instituciones policiales para truncar las investigaciones al enterarse que amigos cercanos o conocidos pudieran estar presuntamente involucrados en cualquier asesinato.

Condiciones.

El jefe del departamento de delitos contra la vida Francisco Barahona dijo que hace algún tiempo le envió una nota al coordinador de la Dirección General de Investigación Criminal Marco Tulio Reyes Chávez, donde le expone las condiciones precarias de logística.

En la misiva se expone que desde el 1 de enero de este año hasta el 27 de junio se han producido 857 homicidios, los cuales están siendo investigados por nueve agentes, los que tienen que desplazarse con un vehículo, a ello se suman los cuatrocientos requerimientos que envía la Fiscalía de Ministerio Público, con un plazo de ocho a treinta días para esclarecerlos.

Con este panorama, cada uno de los nueve agentes asignados para el departamento de homicidios tiene que investigar 95 casos, a ello se agrega todos aquellos hechos ocurrido en el 2001 y otros años.