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 ¿ MIOPIA ?

 

Mientras los diplomáticos de los países donantes "no ven" nada anormal en el país... los empresarios y los ciudadanos en general le reclaman al gobierno por la inseguridad y la profunda crisis económica que existen.

¿En qué Honduras estarán viviendo? ¿Será que su vida de privilegios afecta su visión? ¿No les llegará su sueldo para visitar al oculista?

En lo que respecta a España se puede ver que vamos a dar más dinero a manos llenas para apoyar entre otras cosas a la policía y la justicia. Así llevamos un montón de años y no se ve ningún cambio. ¿A donde ha ido a parar todo ese dinero?.

Más bien, cuando a los españoles residentes nos roban y nos amenazan y presentamos una denuncia se nos ríen a carcajadas. ¿Y nuestros flamantes funcionarios diplomáticos? ... ¡Muy bien gracias, estamos en una recepción y no podemos atenderle... vuelva Usted mañana!.

Si Larra levantara su cabeza..... ¡se volvería a morir, pero de la risa!

   

       

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 Nacionales                                                                                                       22 de junio del 2002

 

Empresarios hondureños temen ser secuestrados por la propia policía

Tegucigalpa Afp

Los empresarios hondureños están huyendo a Estados Unidos ante una ola de secuestros en la que estarían involucrados oficiales de la policía, informaron ayer viernes fuentes políticas y gubernamentales. El jefe de la Dirección General de Investigación, Dgic, Napoleón Nassar, admitió que "los delincuentes tienen informantes dentro de la policía" preventiva, por lo cual se vuelve difícil enfrentar las bandas de secuestradores. "A veces íbamos a practicar allanamientos y cuando llegábamos las personas ya se habían ido. Ahora cambiamos las claves policiales y estamos verificando la actuación de algunas personas que trabajan para la policía", agregó Nassar.

"Muchos de los empresarios ya están huyendo para Miami. Ayer varias personas anunciaron que se van a ir a Miami", aseguró a periodistas el diputado del opositor Partido Liberal (PL, conservador), Jaime Rosenthal.

Rosenthal, uno de los mayores inversionistas del país, originario de la ciudad de San Pedro Sula, 240 kms al norte de Tegucigalpa, dijo que "si esa tendencia (de la fuga de los empresarios) continúa, la situación se va a poner seriamente difícil" porque aumentará el desempleo.

El ex presidente José Azcona deploró que "nadie podría creer que en Honduras, un país de gente tranquila, pacífica, podía llegar a una delincuencia tan enorme".

El caso más notorio fue el secuestro y asesinato del ex ministro y diputado suplente del PL, Reginaldo Panting, socio de Rosenthal en varias empresas, ocurrido el 1 de junio en San Pedro Sula.

Sin embargo, son 11 las personas que han sido secuestradas en lo que va del año en Honduras, según el registro de las autoridades, pese al esfuerzo del presidente Ricardo Maduro, con su política de "cero tolerancia" contra la delincuencia, al destinar a más de tres mil militares a ayudar en los patrullajes a ocho mil policías.

El año pasado la policía hondureña contabilizó 37 secuestros, y al igual que en este año la mayoría ocurrió en San Pedro Sula y alrededores.

El gubernamental comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, denunció que "en ninguna sociedad el crimen organizado alcanza los niveles de impunidad que tiene en Honduras, sin la tolerancia de los malos policías".

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, pidió al presidente Maduro que "tome las más drásticas acciones a fin de expulsar del cuerpo policial a los corruptos que se confabulan con los delincuentes".

Entre otras medidas, el Gobierno considera reformar la constitución para castigar el secuestro con cadena perpetua, ampliar de 24 a 72 horas el plazo de detención preventiva de los delincuentes y permitir los allanamientos de vivienda las 24 horas del día y no durante 12 horas como actualmente.

El Gobierno hondureño también considera nombrar jueces "itinerantes" encargados de conocer exclusivamente los casos de los detenidos acusados de secuestro, robo de vehículos y tráfico de armas, entre otros delitos mayores.

 

Opinión 25 de julio del 2002

Tribunal Superior de Cuentas

Wilmer Pérez Regalado

La ley orgánica del nuevo Tribunal Superior de Cuentas está a punto de ser aprobada por el Congreso Nacional. El organismo englobará en su seno a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Probidad Administrativa, con el fin, se supone, de agilizar el trabajo y volver más independiente y efectiva la acción de estas dos instituciones en su labor de vigilar el manejo de los bienes del Estado. La idea, también, es evitar la duplicidad de funciones de estas oficinas, que en vez de agilizar sus procedimientos y responsabilidades más bien chocan entre sí, impidiendo deliberadamente la aplicación de la justicia.

La Contraloría se encarga de fiscalizar la labor del gobierno y proteger los caudales públicos, y Probidad de investigar cómo los servidores manejan los recursos del Estado y si durante su gestión se les alargaron las uñas.

Pues ahora estas dos entidades conformarán el Tribunal Superior de Cuentas, un nombre parecido al que se usó en diversas administraciones que nos gobernaron a principios y mitad del siglo pasado, como en la época de don Tiburcio Carías Andino. Muchos alegan que, entonces, el Tribunal no funcionó y a nadie metieron a la cárcel, pero es que tiempos de “mi general” a los corruptos los mandaban al cementerio.

Se espera además que el trámite para juzgarlos será más expedito y eficaz porque el Tribunal será manejado por tres magistrados imparciales y autónomos, totalmente desligados de los partidos políticos, los cuales, de por sí, siempre han contaminado estos procesos.

La historia de la justicia hondureña ha estado plagada de actos de corrupción. Centenares de ladrones de siete suelas se han hecho ricos a la sombra del tesoro nacional sin que haya alguien que los juzgue. Los asideros que les permite la ley y los artilugios de jueces y magistrados venales han impedido, desde siempre, que terminen con sus huesos en prisión.

Muchos de ellos los encontramos en las calles de tropezón, incluso dando entrevistas y presumiendo de ser ciudadanos honrados, cuando todos sabemos que forman parte de la misma cofradía de léperos y delincuentes.

Otros se han refugiado en el Congreso Nacional para acogerse a una inmunidad mal interpretada y eludir la acción de la justicia. Por eso hay dudas sobre el trabajo que desempeñará el Tribunal Superior de Cuentas, sobre todo porque su procedimiento será casi el mismo que ejecutaban la Contraloría y Probidad, esto es canalizar las demandas a través de la Procuraduría General de la República y de aquí a los tribunales comunes, a la Corte de Apelaciones y finalmente a la Corte Suprema de Justicia, instancias donde generalmente se empantanan o sobreseen. Ojalá que esté equivocado.

Digo esto porque un amigo me contaba el caso de un individuo acusado de desviar fondos de una institución del gobierno a su cuenta personal. Le dijo que podían decirle ladrón cuantas veces quisieran, pero una vez que el juicio pasara al procedimiento civil o penal tendría el problema resuelto. Vale decir que en los juzgados arreglaría todo, como finalmente sucedió.

Los miembros de la sociedad civil deben estar justamente preocupados por la forma en que los políticos están manejando la redacción de la ley orgánica del Tribunal, no sólo por su contenido sino por su integración, procedimiento y la manera de escoger a los futuros magistrados, que estará a cargo del Congreso. Desde ese momento deben olvidarse de sus pretensiones -si aún las tienen- de poner algún representante en la nueva entidad.

Una fuente muy cercana a la bancada del Partido Liberal en el Congreso me confió la semana anterior que el ex presidente Carlos Flores Facussé está ejerciendo fuertes presiones sobre los diputados de su partido para que el señor Delmer Urbizo se quede manejando los destinos del Tribunal Superior de Cuentas.

Se ignora el propósito, sin embargo el informante supone que el interés es ocultar “ciertas cosillas” un tanto oscuras ocurridas en la última administración. Me dijo también que Flores, con este fin, ha atraído a su cubil a la mayoría de los parlamentarios de don Jaime Rosenthal, lo cual, de paso, le permitiría controlar al liberalismo.

El Tribunal tendrá como función fiscalizar a posteriori (como la actual Contraloría) los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado, instituciones descentralizadas, bancos estatales y mixtos, Comisión de Bancos y Seguros y las municipalidades, entre otras. Empero, así como está planteado el anteproyecto de ley, parece ser la misma mica en distinta rama.

 

 

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