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Nacionales 18 de abril del 2002

Por culpa de la Corte Celtel debe más de $ 100 millones al Estado: Roy Medina

Tegucigalpa

La admisión por la Corte Suprema de Justicia de un recurso de amparo a favor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, permitió la pérdida de más de cien millones de dólares al tesoro nacional, denunció ayer el fiscal General de la República, Roy Medina, al rendir su informe de actividades ante el Congreso Nacional. Medina destacó el caso del proceso judicial que la fiscalía entabló contra los directivos de la Conatel, bajo la acusación criminal de que unilateralmente permitió que la compañía Telefonía Celular, Celtel, dejase de pagar más de 205 mil dólares mensuales que habían sido previamente convenidos por las partes.

Funcionarios de Conatel decidieron actuar de esa forma "porque estaban seguros de que la Corte Suprema les iba a admitir el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado y estas cosas no deben ocurrir". El diputado liberal Valentín Suárez fue quien afirmó que Celtel debe al Estado más de cien millones de dólares por la decisión de Conatel y pidió a Medina una explicación.

"La acción criminal no ha prosperado, presentaron un recurso de amparo que fue admitido por la Corte Suprema con suspensión del acto reclamado", contestó el fiscal. La concesión para la explotación de la telefonía móvil con Celtel establecía un techo para el pago en relación al número de abonados y prefijos reservados.

El pago acordado era de 205 mil dólares mensuales por 28 mil 180 abonados, pero ese techo fue superado y Conatel decidió que el pago por la concesión se quedara fijado en la cifra mencionada. "Incurrieron en abuso de autoridad", dijo Medina, agregando que "a estas alturas el Estado pierde millón y medio de dólares mensualmente por esa acción y el Congreso debe pedir explicaciones. Conatel, sin derecho, extendió el concesionamiento hasta el 2021, facultad exclusiva del Congreso".

Bancorp es otra tranca. Sobre los responsables de la quiebra del Banco Corporativo, Bancorp, que generó pérdidas al Estado por casi mil millones de lempiras, cuestionó que un simple recurso de amparo con suspensión del acto reclamado tiene parado el caso. Culpó al mismo Congreso de emitir una ley temporal de estabilización financiera para proteger a los inversionistas de Bancorp.

Además, la Corte Segunda de Apelaciones tiene dos años sin pronunciarse en la parte civil mercantil. "Estos son los casos donde el ministerio se encuentra con obstáculos". En los casos que promueve la Fiscalía contra la Corrupción las sentencias son mínimas, nunca hay una persona de alto perfil presa, "y se nos señala a nosotros de que buscamos publicidad porque impulsamos procesos contra personas honorables".

El resultado es que sólo en los casos en que interviene la gente descalza y los empleados de menor jerarquía se dictan sentencias condenatorias, puntualizó el funcionario, quien consideró que "esa es una triste, dura y cruda realidad, cuya cuenta no debe pasarse exclusivamente al Ministerio Público sino compartir con los tribunales de justicia".

Les recomendó a los diputados leer el informe que les entregó para que se enteren como se retarda la administración de justicia. "El gran problema en la justicia es que casi nunca hay un juicio, los jueces de entrada dictan una resolución y difieren de la jurisdicción penal a la civil o administrativa".

"En otros casos se presentan recursos de inconstitucionalidad y no los resuelve la Corte Suprema de Justicia, los recursos de amparo o se detienen en las cortes de apelaciones o en revisión y cuando al fin siguiendo todo un vía crucis los casos donde se solicita despojar de inmunidad a un inmune, está representación del pueblo - el Congreso Nacional - con todo respeto debo decirlo, se ha llamado al silencio".