El caso Honduras

Y más sorprende el hecho que oficiales que durante su carrera habían mantenido un perfil de rectos y honestos y de un solo plumazo los metieron a la lista de los cesanteados, en una alusión clara que habían cometido actos deshonestos.

De acuerdo con informes en poder de LA PRENSA el anterior ministro de Seguridad, Gautama Fonseca, montó dentro de la policía una unidad de inteligencia para investigar a los agentes y oficiales. Es unidad estaba formada estrictamente por militares retirados, a quienes se les contrató para la labor.

Fue basándose en las recomendaciones de ese grupo de inteligencia que comenzaron las famosas depuraciones, que en dos años alcanzó la cifra récord de dos mil 500 policías separados, el treinta por ciento del personal.

Y es que Fonseca siempre acudió a extraños asesores, pues para combatir el crimen organizado contrató a delincuentes, que le complicaron su gestión porque en reiteradas ocasiones cometieron excesos y no hay evidencias que hayan ayudado a desbaratar bandas de criminales.

Debido a que los sobres de cancelación no expresaban los causales, un grupo de oficiales, incluidos comisionados, han pedido su retorno al sistema policial y albergan la esperanza que en esta nueva administración se les dé esa posibilidad.

Fuentes policiales, que estuvieron ligadas a Fonseca, revelaron que la mayoría de despidos se dio porque se comprobó que estos agentes y oficiales no eran más que infiltrados del crimen organizado, porque ellos se encargaban de mantener informados a las bandas del trabajo policial.

Los mayores nexos de los policías hondureños con el crimen organizado tienen que ver con las bandas de roba carros, las que ejecutan secuestros y la de narcotraficantes, de acuerdo con informes de asuntos internos de la policía. De hecho esos son los tres delitos en los que los resultados policiales han sido menos efectivos.

La preocupación de analistas es que esos dos mil 500 policías desempleados se puedan convertir en una amenaza para la sociedad, pues son personas armadas y sin empleo y de paso con una no muy buena carta de presentación para tratar de abrirse espacio en sus comunidades.

El portavoz de la Policía Nacional, Leopoldo Flores Milla, indicó que en el 2000 fueron separados 970 agentes como resultado de investigaciones internas de la Secretaría y con la entrada en vigor de un decreto que permite al titular separar personal a discreción, fueron cesanteados más de mil 500 elementos.

"Los policías han sido acusados por cohecho y otra buena parte por su vinculación a muertes extrajudiciales'', admitió.

Hoy hay nuevas autoridades y más respaldo a la Policía Nacional, pero sigue siendo una duda si se van a reintegrar esos agentes y oficiales o si las nuevas plazas que ya se anuncian serán sólo con personal recién egresado.

Guatemala

Y esa misma investigación comprobó que para esa banda trabajaban fiscales, jueces, abogados y policías. Al final se hizo un despido masivo de comisarios, pero ahora resulta que este hombre ha sido liberado.

En medio de la investigación se encontraron documentos y pagos a estos funcionarios, además de varias fotografías comprometedoras como una donde aparece el capo abrazado del presidente Portillo.

Los problemas de inestabilidad en el mando son marcados, al grado que en un solo año se cambiaron cinco directores de la Policía Nacional Civil, lo que genera un ambiente confuso dentro de todo el personal.

Carmen Rosa de León Escribano, estudiosa del delito en Guatemala, estima que el problema principal es la falta de confianza de la población en la Policía Nacional Civil y eso ha promovido la proliferación de agencias privadas de seguridad.

Indica que la corrupción no es propia de la capital porque en un pueblo de Oriente, Santa Rosa, la gente se ha puesto un estado de sitio a partir de las ocho de la noche por el temor que le tienen a una banda que lidera el mismo alcalde.

Se trata de un hombre de apellido Redondo que en un tiempo fue jefe de la policía y ha estado vinculado a los cuerpos de inteligencia y hoy ha formado una banda dentro del mismo pueblo que dirige como alcalde.

Esta misma desconfianza en la policía ha hecho que en el sector de Occidente se haya vuelto parte del diario vivir los linchamientos, en donde grupos de pobladores prefieren linchar a los delincuentes antes que esperar un castigo de las autoridades.

Y aunque los niveles de corrupción son altos, lo cierto es que los mismos han disminuido a partir de aumento en los salarios de los policías y en las exigencias de mayores estudios para ingresar al cuerpo policial.

Un informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Guatemala revela una enorme cantidad de casos en los cuales se encuentran abusos policiales como torturas, capturas ilegales y otras arbitrariedades como abusos contra la libertad de asociación, la libertad de expresión, entre otros.

El Salvador

Señala que tienen tribunales disciplinarios donde se envían a los agentes y oficiales que cometen ilegalidades o abusos en contra de la ciudadanía.

Y la verdad es que los abusos, incluso entre los mismos policías, son una realidad que a diario se conoce dentro de una oficina de derechos humanos, que dirige la comisionada Olga Alfaro Bulle. Esa dependencia protege por un lado a los ciudadanos de abusos policiales y a los policías de abusos dentro de su misma institución.

Alfaro Bulle sostiene que a esa dependencia llegan casos de policías que denuncian excesos cometidos por sus superiores, lo que para ellos es un triunfo porque en el pasado nadie se atrevía a hacerlo por el mismo temor a las represalias.

Justo mientras se realizaba la entrevista con Alfaro Bulle en las oficinas de la Policía Nacional Civil se realizaba una audiencia contra un comisionado de apellido Vijil a quien una secretaria lo acusó de acoso sexual.

Y a nivel externo, comentó, se siguen recibiendo denuncias de personas civiles que señalan a policías de haberles hecho esquelas sin razón, de haberlos maltratado verbal y físicamente y de hacer cobros ilegales. Cuando se dan estas denuncias de cohecho el caso lo remiten a otra instancia para que se pueda investigar.

Manifestó que han llegado al convencimiento que se vuelve necesario aceptar que el daño que la institución le hace a las personas hay que resarcirlo de alguna forma.

Mencionó que hay casos pequeños que no se pueden descuidar como al hombre que iba en un caballo, otra persona denunció que había cometido un delito en su contra. Lo bajaron del caballo, lo golpearon para después darse cuenta que era un problema por deudas entre ellos.

La tarea de la institución que rectora, dice, es dura pero no difícil porque a su alrededor sólo hay profesionales que no tratan de perjudicar a nadie ni proteger a nadie.

Muchos de los casos de abusos también son conocidos por la inspectoría general, que a inicios del año pasado comenzó un proceso de depuración que incluyó a seiscientas personas, entre jefes y agentes.

A diferencia del caso de Honduras, esta depuración alcanzó casi sólo a agentes policiales y a empleados administrativos. Los altos mandos no entraron como se esperaba en la depuración.

Aunque no se dieron detalles precisos, las personas que salieron de la institución fue porque cometieron o participaron en secuestros, narcotráfico, contrabando, tortura, extorsión y homicidios.

Desde el inicio del gobierno del presidente Francisco Flores se han ejecutado unas ochocientas bajas, pero el nivel de remisión a los tribunales es muy bajo, lo que deja todavía insatisfecha a una sociedad que no acepta que el despido sea el único castigo a la corrupción.

En El Salvador también tiene una sección de asuntos disciplinarios que ha pasado bastante ocupada porque en el último año debieron conocer mil 349 casos de violaciones al régimen disciplinario y se han 714 requerimientos para presentarlos a un tribunal especial.

El recuento apunta que esa oficina tuvo que hacer dos mil 031 acciones, la mayoría detenciones por orden administrativa y remisiones de diligencias concluidas a la Fiscalía General de la República.

Nicaragua

Hablar con la población en las calles es encontrarse con un pensamiento casi generalizado en el sentido que con dinero la policía puede actuar o dejar de actuar. La falta de credibilidad en la institución es marcada.

El último reporte de la Policía Nacional establece que se han entregado 96 bajas deshonrosas y once internamientos en unidades disciplinarias hasta por 45 días, mientras otras seis personas se les ha castigado con recargo de trabajo.

Los castigos que se vienen aplicando pueden considerarse leves, tomando en cuenta que la mayoría tienen que ver con la suspensión de los permisos de salidas, traslados a un cargo inferior, internamiento en una celda y apenas siete policías fueron remitidos a los tribunales.

De acuerdo con los registros policiales, su personal cometió sobre todo infracciones muy graves, especialmente soborno y cohecho, lo que confirma que el cobro de dinero ilegal y sacarlo bajo amenazas son los principales problemas de corrupción en ese cuerpo.

Uno de los principales problemas que enfrenta Nicaragua es que no hay un proceso riguroso de selección de personal, de manera que a la institución se sigue metiendo personas que buscan agrandar su sueldo por medio de actos ilícitos.

Una de las principales denuncias contra la policía en Nicaragua es que a cambio de dinero hay personal que permite que grupos de criminales puedan operar en áreas específicas en la venta de drogas y robo de vehículos.

Costa Rica

Francisco Ruiz, de la policía judicial, estima que el alto grado de educación de los policías y el estar bien pagados les ha servido para que no sea elevado los casos de abusos. Expresó que muchas veces se cometen abusos no por mala fe sino por desconocimiento o falta de educación.

Walter Navarro, director general de la Fuerza Pública, señala que para la policía de Costa Rica la misión ha sido doble porque no tienen ejército, de manera que igual cuidan la seguridad en una calle como en una frontera.

Esta alta responsabilidad, estima, ha ayudado a formar conciencia en los policías, aunque admite que siempre se dan casos de excesos, que han tratado de frenar al tratar de mejorar la calidad del personal.

Sostiene que ese buen sistema de reclutamiento les ha permitido tener bajos niveles de corrupción y eso ya es reconocido en foros internacionales.

Ese optimismo policial, desafortunadamente, no es compartido por la población. Carlos Contreras es un vendedor de souvenir y estima que la policía es corrupta porque sabe dónde pasan los ladrones y no hacen nada.

Además, culpa a la policía de muy débil contra los criminales porque todo lo hacen pasando por un colador burocrático que hace que no sean diligentes para responder ante un delito. La prueba de que los abusos son reales se ha dado a través de los comités de seguridad ciudadana, en donde las personas denuncian las ilegalidades de personal policial, sobre todo de no actuar a pesar de saber dónde se vende droga, quiénes son los ladrones de la zona, entre otras cosas.

El cáncer de la corrupción ha extendido sus fronteras y la mayor o menos incidencia de momento parece marcada por el nivel educativo de los policías, los ingresos que le genera su trabajo y la cultura de cada país.