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12 de febrero del 2002

Frustración por impunidad hace crecer linchamientos y ejecuciones extrajudiciales



Ejecuciones extrajudiciales
Los linchamientos
Desconfianza a todos los niveles
Análisis por país
Investigación: Serapio Umanzor y Carlos Girón
Fotografías: José Cantarero

Carlos González se llevó la sorpresa de su vida. Mientras hacía unas compras en el centro de San Pedro Sula se encontró con el hombre que un mes atrás había caído preso por robarle su carro. No entendía cómo este hombre ya andaba libre si hasta lo había identificado en un careo como el delincuente que lo despojó de su carro y que producto de una rápida movilización policial fue capturado minutos más tarde. Ahora Carlos ve su vida amenazada porque declaró contra este criminal, el que por razones que no entiende ya estaba libre. Su frustración, cargada de miedo, hoy le han robado el sueño.

Lo de Carlos no es un hecho excepcional, se presenta no sólo en Honduras sino en todos los países centroamericanos, en donde se han puesto de moda los linchamientos y las ejecuciones extrajudiciales como respuesta a la falta de confianza en el sistema de justicia.

Una preocupación que se vive de manera latente en todos estos países es el tratamiento que se les aplica a los menores de edad, pues sin importar la magnitud de sus crímenes se les envían a lugares considerados de privilegio y hasta ahora ninguno de esos centros ha demostrado que salgan jóvenes reformados.

Por ello las bandas del crimen organizado han decidido que el trabajo operativo, robo de carros y venta de droga a consumidores, lo hagan menores de edad, pues en el caso que caigan presos tienen la seguridad de un trato suave y de paso fugarse de los centros a los que los envían no resulta una tarea difícil.

Cada uno de los países ha echado a andar nuevas leyes penales para tratar de agilizar los juicios y tornar más eficiente la justicia, pero hasta ahora no hay indicios en los que la población sienta una marcada mejoría.

La Universidad Centroamericana hizo un estudio en El Salvador para determinar el nivel de esperanza de la población en los nuevos códigos penales. Un 66,7 por ciento dijo que no creen que con los nuevos códigos bajará el crimen, un 22,9 por ciento consideró que sí y un 10,4 por ciento no sabe.

Este mismo estudio deja claro el apoyo popular a que la gente haga su propia justicia. Un 52,5 por ciento opinó que la gente tiene derecho a buscar la justicia por su propia mano, un 60,1 se pronunció en contra de la existencia de grupos clandestinos armados, así como de que los grupos de vecinos se armen para combatir el crimen por su cuenta.

Un dato sorprendente y que prueba la desconfianza en el sistema es que un setenta por ciento de personas que han sido víctimas de un delito dijeron que lo denunciaron. "Esto demuestra que la frustración de la población en el sentido que cree que si denuncia un hecho de delincuencia será por gusto porque nadie hace nada al respecto", concluye el estudio.

Los delitos más frecuentes que sufrieron los encuestados fueron asaltos a mano armada y amenazas para obtener dinero. Para un 49,3 por ciento de las personas consultadas, el Gobierno "no ha hecho nada" por acabar con la delincuencia, un 18,2 cree que no ha hecho lo suficiente por falta de capacidad y un 13,3 dijo que las leyes no son adecuadas.


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Ejecuciones extrajudiciales

Las ejecuciones extrajudiciales forman parte de la problemática en el área y el país con mayores denuncias es Honduras. Representantes de la organización para el bienestar infantil, Casa Alianza, presentó los resultados de una investigación relacionada con los asesinatos extrajudiciales de 673 niños y jóvenes en Honduras, ocurridos durante los últimos tres años.

Miembros del equipo de Apoyo Legal de Casa Alianza, inicialmente empezaron a investigar en forma sistemática los asesinatos extrajudiciales de jóvenes en Honduras a principios de 1998, notando un incremento significativo en el número de asesinatos de niños, niñas y jóvenes. Desde ese momento, durante el período de enero de 1998 hasta el 2001, un número asombrosamente alto de jóvenes fueron asesinados de forma consistente, de acuerdo con la definición de las Naciones Unidas de lo que constituye un asesinato extrajudicial. Casa Alianza está preocupada por la posibilidad de que la juventud hondureña haya sido, en los últimos años, objeto de una campaña de "limpieza social".

De acuerdo con las estadísticas recopiladas por Casa Alianza, de los 673 jóvenes asesinados, 615 de las víctimas eran hombres, mientras que las otras 58 fueron mujeres. Los departamentos del país que se mostraron más afectados, esto es, con el número más alto de asesinatos fueron Cortés y Francisco Morazán.

La mayoría de los asesinatos extrajudiciales están relacionados con niños de edades entre los 16 y 18 años, con un 46 por ciento y un 36 de todos los asesinatos de hombres y mujeres respectivamente. De manera significativa, un número mucho mayor de mujeres fueron asesinadas cuyas edades oscilan entre los 11 y 15 años: cerca de un 31 por ciento de mujeres en relación al trece por ciento de varones.

Pero no se trata de sólo ejecuciones extrajudiciales, sino de una violencia cuyo blanco parecen ser los jóvenes. Sólo el año pasado fueron victimados mil 600 jóvenes, en circunstancias no esclarecidas.

Con fusiles Ak-47 y con "chimbas", a más de mil seiscientos jóvenes mayores de 21 años, de los cuales el 34 por ciento eran pandilleros, los asesinaron en Honduras durante el año pasado, específicamente en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán.

En el tipo de arma resalta la Ak-47 en un 36 por ciento de los casos, seguido de la "chimba" con un veintisiete por ciento y la escuadra nueve milímetros con un veinticinco, expresa el informe del Comisionado de Derechos Humanos.

La mayoría de las víctimas, refiere, son mayores de 21 años y de 13 a 18 años. Un 93 por ciento eran varones y el resto mujeres. Del 63 por ciento se ignora si pertenecían a determinada agrupación, pero el 34 por ciento eran pandilleros, resalta.

El 52 por ciento de los victimarios es desconocido, pero el 34 por ciento asegura que pertenecen a pandillas, un ocho por ciento a particulares, cinco por ciento a miembros de la Policía Preventiva.

Según el comisionado Leo Valladares, el 100 por ciento de las investigaciones están en su etapa sumarial en los tribunales en donde únicamente ha existido un apersonamiento de un fiscal en el veintiocho por ciento de los casos.

En el catorce por ciento se han presentado solicitudes de órdenes de capturas, pero sólo un cuatro por ciento han sido atendidas y sólo uno guarda prisión. En el 84 por ciento no se presentó testigos.


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Los linchamientos

En Guatemala se presenta igual una desconfianza en el sistema y eso ha generado un problema en el sector occidental, los linchamientos, ejecutados por grupos de las comunidades que deciden matar a quienes se les sorprende cometiendo crímenes como asaltos, violaciones o secuestros.

Debido a la ausencia de una justicia pronta y cumplida es que ocurren en algunos casos los linchamientos, opinan analistas. La mayor preocupación es el respaldo de la sociedad hacia ese sistema, lo que ha generado que el mismo aumente.

La intervención de la policía ha logrado en muchos casos salvar la vida de personas que estaban a punto de morir linchadas por turbas que deciden cobrar justicia a su manera, amarrando a árboles a los delincuentes y golpearlos hasta que mueran.

Pero la violencia de estos grupos muchas veces rebasa la misma presencia policial. Por ejemplo, Timoteo Gómez Pérez, Roberto Gómez, Victoriano Miranda, Antonio Pérez Jiguán y Laureano Temaj murieron a golpes y quemados en Comitancillo, del departamento occidental de San Marcos en 1997.

Una muchedumbre enardecida los tomó por la fuerza de la cárcel de la localidad, custodiada por una dotación de cinco policías, donde guardaban prisión después de haber sido descubiertos robando dos bestias de carga.

Luego de la paliza y cuando aún estaban con vida, la turba les prendió fuego. Las cifras son alarmantes con 348 linchamientos desde 1996 cuando iniciaron hasta la fecha. Ya en este momento se reportan 192 personas asesinadas y 458 heridos.

Los linchamientos los realizan como parte de una cultura comunitaria y se ha convertido en una práctica en poblaciones que expresan su frustración porque muchas veces los delincuentes terminan libres, pese a las pruebas en su contra.

La desconfianza en el sistema judicial es marcada y acentuada en los últimos meses por la gran cantidad de denuncias conocidas a nivel nacional. Una Junta de Disciplina Judicial conoce más de quinientas denuncias contra juzgadores de todo el país. Las denuncias se han presentado por diferentes faltas.

En algunos casos, la junta ha recomendado a la Corte Suprema de Justicia la destitución de los jueces y en otros la imposición de sanciones menores.

Y es que impartir justicia en Guatemala no parece una tarea fácil si se toma en cuenta que las amenazas contra su trabajo se ha vuelto una constante hasta el grado de tener sesenta casos documentados.

Entre los jueces amenazados están los que ha conocido del caso del asesinato del obispo Juan José Gerardi. A ellos se les ha brindado una seguridad especial, pero existen otros muchos cuyas vidas están en riesgo y sólo han recibido promesas de protección.


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Desconfianza a todos los niveles

A Costa Rica se le considera como uno de los países con un buen sistema judicial, pero esa es una imagen internacional, porque a lo interno los cuestionamientos son severos, especialmente por la falta de diligencia para actuar.

Un caso sobre el cual le han llovido las críticas es por la impunidad en que ha quedado la muerte del productor radial Parmenio Medina y del cual las autoridades se muestran renuentes a hablar y apenas admiten que es poco lo que han avanzado en las investigaciones.

Organismos de derechos humanos han fustigado la lentitud en el trabajo de Órgano de Investigación Judicial para esclarecer este crimen ocurrido hace siete meses a unos pocos metros de la casa de Medina.

Pese a estos cuestionamientos, lo cierto es que la imagen externa de Costa Rica en materia de justicia es buena y en varios foros internacionales la han seleccionado como la nación con el mejor sistema judicial en Centroamérica.

De Centroamérica es en Honduras donde la población tiene menos acceso a la justicia, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

El PNUD colocó a Honduras en tal posición basándose en encuestas y estudios realizados en el país, por lo cual se pronunció a favor de un sistema judicial más operativo.

Se ratificó que el sistema judicial hondureño es el peor de Centroamérica y se citó como ejemplo que la violación de los derechos humanos no ha sido sancionada. Tampoco hay carrera judicial pero sí politización.

Las autoridades del Consultorio Jurídico manifestaron que el mejor sistema judicial regional es el de Costa Rica y el peor el de Honduras, que está muy politizado.

Aunque en Costa Rica la politización es también una realidad, lo cierto es que no está a los niveles tan alarmantes como en Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Por ejemplo, en Honduras se acaba de formar una polémica para elegir los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, simplemente porque no se miraban los antecedentes y experiencia de los abogados, sino su militancia política y su compromiso con el grupo que lo proponía.

Y en Nicaragua es lo mismo en cuanto a la selección de los magistrados, pues por ejemplo el ex presidente Arnoldo Alemán en una de sus últimas jugadas logró que la Corte Suprema de Justicia escogiera a su hermano, Antonio Alemán Lacayo, para magistrado del Tribunal de Apelaciones de Masaya.

El problema de la falta de credibilidad en el sistema llega a niveles grandes y eso movió a un diputado a denunciar al Juez Único de Distrito de Tipitapa, Sergio Amador Pérez Alonso, de tráfico de influencias, prevaricato y parcialidad en varios procesos que Amador llevó en contra de productores cafetaleros de Matagalpa.

Son 27 denuncias que hay contra el juez y tienen que ver con diecisiete productores que fueron sido encarcelados por orden de Pérez Alonso, y, según denuncias recibidas, "hubo anomalías en el proceso judicial de cada uno de los apresados".

Las denuncias de mala administración de la justicia son múltiples y ello ha generado una desconfianza en el sistema judicial, lo que para analistas, es la principal causa para que las personas, a nivel individual o colectivo busquen justicia por sus propias manos.


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Análisis por país

Estas acciones han hecho que los niveles de violencia en Centroamérica crezcan a ritmos acelerados. Por ejemplo, Guatemala y El Salvador, tienen -junto a Colombia- las tasas más altas en homicidio a escala mundial.

A esto se une el problema de una sociedad que cada vez se arma más. Mientras que en veinte países de América la tasa de asesinatos es de un 29,6 por cada 100 mil personas, en Centroamérica es del 57,3 por esa misma cantidad.

Asimismo, la cantidad de armas ilegales (se estiman dos millones) en poder de la población civil ha disparado los índices de criminalidad. Sólo en Guatemala se estima que hay un millón de armas.

Mientras tanto, Honduras también afronta graves problemas, los cuales fueron catalogados en el primer Foro Centroamericano sobre la Proliferación de Armas como "alarmantes".

Este país también afronta una tasa alta en homicidios. Inclusive, se encuentra entre las primeras de Latinoamérica.

Las Fuerzas Armadas de Honduras son las que, por decreto, tienen el monopolio de la venta de armas y en los últimos tres años reportaron un considerable incremento. Nicaragua también tiene problemas de esta naturaleza. Allí han identificado un fenómeno que llaman "Colombianización de la guerrilla", que relaciona a estas con el tráfico de armas y drogas que existe entre este país y Colombia.

Además, recientes investigaciones señalan que en Nicaragua aparecen armamentos y pertrechos modernos, lo cual indica que hay suministro y acceso a recursos y redes externas.

Y si visualizamos Costa Rica el problema es similar. Cada vez más costarricenses creen ver en un arma de fuego un escudo contra la delincuencia, pero un diagnóstico sobre este problema señala que el armamento en manos de la población civil acelera el ciclo de violencia, afecta la calidad de vida y aumenta en un 2,7 por ciento el riesgo de muerte.

Un estudio realizado por el analista Max Loría -quien hizo una investigación sobre el tema- muestra que un diez por ciento de los costarricenses (350 mil, aproximadamente) dicen haber adquirido un arma como medida de seguridad frente el hampa, cifra que contrasta con las apenas 43 mil 241 que fueron inscritas entre 1989 y 1999 ante el Ministerio de Seguridad Pública, MSP.

Los problemas de criminalidad son grandes en Centroamérica y los mismos se ven agravados por una sociedad que cada vez parece más decidida a tomar la justicia por su propia mano ante la desconfianza en sus sistemas, los que consideran fomentan la impunidad.


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