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12
de febrero del 2002 |
Frustración por impunidad hace crecer linchamientos y ejecuciones
extrajudiciales
Ejecuciones
extrajudiciales
Los
linchamientos
Desconfianza a
todos los niveles
Análisis por
país
Investigación: Serapio Umanzor y Carlos Girón
Fotografías: José Cantarero
Carlos González se llevó la sorpresa de su vida. Mientras hacía
unas compras en el centro de San Pedro Sula se encontró con el hombre que
un mes atrás había caído preso por robarle su carro. No entendía cómo este
hombre ya andaba libre si hasta lo había identificado en un careo como el
delincuente que lo despojó de su carro y que producto de una rápida
movilización policial fue capturado minutos más tarde. Ahora Carlos ve su
vida amenazada porque declaró contra este criminal, el que por razones que
no entiende ya estaba libre. Su frustración, cargada de miedo, hoy le han
robado el sueño.
Lo de Carlos no es un hecho excepcional, se presenta no sólo en
Honduras sino en todos los países centroamericanos, en donde se han puesto
de moda los linchamientos y las ejecuciones extrajudiciales como respuesta
a la falta de confianza en el sistema de justicia.
Una preocupación que se vive de manera latente en todos estos países es
el tratamiento que se les aplica a los menores de edad, pues sin importar
la magnitud de sus crímenes se les envían a lugares considerados de
privilegio y hasta ahora ninguno de esos centros ha demostrado que salgan
jóvenes reformados.
Por ello las bandas del crimen organizado han decidido que el trabajo
operativo, robo de carros y venta de droga a consumidores, lo hagan
menores de edad, pues en el caso que caigan presos tienen la seguridad de
un trato suave y de paso fugarse de los centros a los que los envían no
resulta una tarea difícil.
Cada uno de los países ha echado a andar nuevas leyes penales para
tratar de agilizar los juicios y tornar más eficiente la justicia, pero
hasta ahora no hay indicios en los que la población sienta una marcada
mejoría.
La Universidad Centroamericana hizo un estudio en El Salvador para
determinar el nivel de esperanza de la población en los nuevos códigos
penales. Un 66,7 por ciento dijo que no creen que con los nuevos códigos
bajará el crimen, un 22,9 por ciento consideró que sí y un 10,4 por ciento
no sabe.
Este mismo estudio deja claro el apoyo popular a que la gente haga su
propia justicia. Un 52,5 por ciento opinó que la gente tiene derecho a
buscar la justicia por su propia mano, un 60,1 se pronunció en contra de
la existencia de grupos clandestinos armados, así como de que los grupos
de vecinos se armen para combatir el crimen por su cuenta.
Un dato sorprendente y que prueba la desconfianza en el sistema es que
un setenta por ciento de personas que han sido víctimas de un delito
dijeron que lo denunciaron. "Esto demuestra que la frustración de la
población en el sentido que cree que si denuncia un hecho de delincuencia
será por gusto porque nadie hace nada al respecto", concluye el estudio.
Los delitos más frecuentes que sufrieron los encuestados fueron asaltos
a mano armada y amenazas para obtener dinero. Para un 49,3 por ciento de
las personas consultadas, el Gobierno "no ha hecho nada" por acabar con la
delincuencia, un 18,2 cree que no ha hecho lo suficiente por falta de
capacidad y un 13,3 dijo que las leyes no son adecuadas.
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Ejecuciones extrajudiciales
Las ejecuciones extrajudiciales forman parte de la problemática en el
área y el país con mayores denuncias es Honduras. Representantes de la
organización para el bienestar infantil, Casa Alianza, presentó los
resultados de una investigación relacionada con los asesinatos
extrajudiciales de 673 niños y jóvenes en Honduras, ocurridos durante los
últimos tres años.
Miembros del equipo de Apoyo Legal de Casa Alianza, inicialmente
empezaron a investigar en forma sistemática los asesinatos extrajudiciales
de jóvenes en Honduras a principios de 1998, notando un incremento
significativo en el número de asesinatos de niños, niñas y jóvenes. Desde
ese momento, durante el período de enero de 1998 hasta el 2001, un número
asombrosamente alto de jóvenes fueron asesinados de forma consistente, de
acuerdo con la definición de las Naciones Unidas de lo que constituye un
asesinato extrajudicial. Casa Alianza está preocupada por la posibilidad
de que la juventud hondureña haya sido, en los últimos años, objeto de una
campaña de "limpieza social".
De acuerdo con las estadísticas recopiladas por Casa Alianza, de los
673 jóvenes asesinados, 615 de las víctimas eran hombres, mientras que las
otras 58 fueron mujeres. Los departamentos del país que se mostraron más
afectados, esto es, con el número más alto de asesinatos fueron Cortés y
Francisco Morazán.
La mayoría de los asesinatos extrajudiciales están relacionados con
niños de edades entre los 16 y 18 años, con un 46 por ciento y un 36 de
todos los asesinatos de hombres y mujeres respectivamente. De manera
significativa, un número mucho mayor de mujeres fueron asesinadas cuyas
edades oscilan entre los 11 y 15 años: cerca de un 31 por ciento de
mujeres en relación al trece por ciento de varones.
Pero no se trata de sólo ejecuciones extrajudiciales, sino de una
violencia cuyo blanco parecen ser los jóvenes. Sólo el año pasado fueron
victimados mil 600 jóvenes, en circunstancias no esclarecidas.
Con fusiles Ak-47 y con "chimbas", a más de mil seiscientos jóvenes
mayores de 21 años, de los cuales el 34 por ciento eran pandilleros, los
asesinaron en Honduras durante el año pasado, específicamente en los
departamentos de Cortés y Francisco Morazán.
En el tipo de arma resalta la Ak-47 en un 36 por ciento de los casos,
seguido de la "chimba" con un veintisiete por ciento y la escuadra nueve
milímetros con un veinticinco, expresa el informe del Comisionado de
Derechos Humanos.
La mayoría de las víctimas, refiere, son mayores de 21 años y de 13 a
18 años. Un 93 por ciento eran varones y el resto mujeres. Del 63 por
ciento se ignora si pertenecían a determinada agrupación, pero el 34 por
ciento eran pandilleros, resalta.
El 52 por ciento de los victimarios es desconocido, pero el 34 por
ciento asegura que pertenecen a pandillas, un ocho por ciento a
particulares, cinco por ciento a miembros de la Policía Preventiva.
Según el comisionado Leo Valladares, el 100 por ciento de las
investigaciones están en su etapa sumarial en los tribunales en donde
únicamente ha existido un apersonamiento de un fiscal en el veintiocho por
ciento de los casos.
En el catorce por ciento se han presentado solicitudes de órdenes de
capturas, pero sólo un cuatro por ciento han sido atendidas y sólo uno
guarda prisión. En el 84 por ciento no se presentó testigos.
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Los linchamientos
En Guatemala se presenta igual una desconfianza en el sistema y eso ha
generado un problema en el sector occidental, los linchamientos,
ejecutados por grupos de las comunidades que deciden matar a quienes se
les sorprende cometiendo crímenes como asaltos, violaciones o secuestros.
Debido a la ausencia de una justicia pronta y cumplida es que ocurren
en algunos casos los linchamientos, opinan analistas. La mayor
preocupación es el respaldo de la sociedad hacia ese sistema, lo que ha
generado que el mismo aumente.
La intervención de la policía ha logrado en muchos casos salvar la vida
de personas que estaban a punto de morir linchadas por turbas que deciden
cobrar justicia a su manera, amarrando a árboles a los delincuentes y
golpearlos hasta que mueran.
Pero la violencia de estos grupos muchas veces rebasa la misma
presencia policial. Por ejemplo, Timoteo Gómez Pérez, Roberto Gómez,
Victoriano Miranda, Antonio Pérez Jiguán y Laureano Temaj murieron a
golpes y quemados en Comitancillo, del departamento occidental de San
Marcos en 1997.
Una muchedumbre enardecida los tomó por la fuerza de la cárcel de la
localidad, custodiada por una dotación de cinco policías, donde guardaban
prisión después de haber sido descubiertos robando dos bestias de carga.
Luego de la paliza y cuando aún estaban con vida, la turba les prendió
fuego. Las cifras son alarmantes con 348 linchamientos desde 1996 cuando
iniciaron hasta la fecha. Ya en este momento se reportan 192 personas
asesinadas y 458 heridos.
Los linchamientos los realizan como parte de una cultura comunitaria y
se ha convertido en una práctica en poblaciones que expresan su
frustración porque muchas veces los delincuentes terminan libres, pese a
las pruebas en su contra.
La desconfianza en el sistema judicial es marcada y acentuada en los
últimos meses por la gran cantidad de denuncias conocidas a nivel
nacional. Una Junta de Disciplina Judicial conoce más de quinientas
denuncias contra juzgadores de todo el país. Las denuncias se han
presentado por diferentes faltas.
En algunos casos, la junta ha recomendado a la Corte Suprema de
Justicia la destitución de los jueces y en otros la imposición de
sanciones menores.
Y es que impartir justicia en Guatemala no parece una tarea fácil si se
toma en cuenta que las amenazas contra su trabajo se ha vuelto una
constante hasta el grado de tener sesenta casos documentados.
Entre los jueces amenazados están los que ha conocido del caso del
asesinato del obispo Juan José Gerardi. A ellos se les ha brindado una
seguridad especial, pero existen otros muchos cuyas vidas están en riesgo
y sólo han recibido promesas de protección.
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Desconfianza a todos los niveles
A Costa Rica se le considera como uno de los países con un buen
sistema judicial, pero esa es una imagen internacional, porque a lo
interno los cuestionamientos son severos, especialmente por la falta de
diligencia para actuar.
Un caso sobre el cual le han llovido las críticas es por la impunidad
en que ha quedado la muerte del productor radial Parmenio Medina y del
cual las autoridades se muestran renuentes a hablar y apenas admiten que
es poco lo que han avanzado en las investigaciones.
Organismos de derechos humanos han fustigado la lentitud en el trabajo
de Órgano de Investigación Judicial para esclarecer este crimen ocurrido
hace siete meses a unos pocos metros de la casa de Medina.
Pese a estos cuestionamientos, lo cierto es que la imagen externa de
Costa Rica en materia de justicia es buena y en varios foros
internacionales la han seleccionado como la nación con el mejor sistema
judicial en Centroamérica.
De Centroamérica es en Honduras donde la población tiene menos acceso a
la justicia, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD.
El PNUD colocó a Honduras en tal posición basándose en encuestas y
estudios realizados en el país, por lo cual se pronunció a favor de un
sistema judicial más operativo.
Se ratificó que el sistema judicial hondureño es el peor de
Centroamérica y se citó como ejemplo que la violación de los derechos
humanos no ha sido sancionada. Tampoco hay carrera judicial pero sí
politización.
Las autoridades del Consultorio Jurídico manifestaron que el mejor
sistema judicial regional es el de Costa Rica y el peor el de Honduras,
que está muy politizado.
Aunque en Costa Rica la politización es también una realidad, lo cierto
es que no está a los niveles tan alarmantes como en Guatemala, Honduras y
Nicaragua.
Por ejemplo, en Honduras se acaba de formar una polémica para elegir
los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, simplemente porque no se
miraban los antecedentes y experiencia de los abogados, sino su militancia
política y su compromiso con el grupo que lo proponía.
Y en Nicaragua es lo mismo en cuanto a la selección de los magistrados,
pues por ejemplo el ex presidente Arnoldo Alemán en una de sus últimas
jugadas logró que la Corte Suprema de Justicia escogiera a su hermano,
Antonio Alemán Lacayo, para magistrado del Tribunal de Apelaciones de
Masaya.
El problema de la falta de credibilidad en el sistema llega a niveles
grandes y eso movió a un diputado a denunciar al Juez Único de Distrito de
Tipitapa, Sergio Amador Pérez Alonso, de tráfico de influencias,
prevaricato y parcialidad en varios procesos que Amador llevó en contra de
productores cafetaleros de Matagalpa.
Son 27 denuncias que hay contra el juez y tienen que ver con diecisiete
productores que fueron sido encarcelados por orden de Pérez Alonso, y,
según denuncias recibidas, "hubo anomalías en el proceso judicial de cada
uno de los apresados".
Las denuncias de mala administración de la justicia son múltiples y
ello ha generado una desconfianza en el sistema judicial, lo que para
analistas, es la principal causa para que las personas, a nivel individual
o colectivo busquen justicia por sus propias manos.
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Análisis por país
Estas acciones han hecho que los niveles de violencia en Centroamérica
crezcan a ritmos acelerados. Por ejemplo, Guatemala y El Salvador, tienen
-junto a Colombia- las tasas más altas en homicidio a escala mundial.
A esto se une el problema de una sociedad que cada vez se arma más.
Mientras que en veinte países de América la tasa de asesinatos es de un
29,6 por cada 100 mil personas, en Centroamérica es del 57,3 por esa misma
cantidad.
Asimismo, la cantidad de armas ilegales (se estiman dos millones) en
poder de la población civil ha disparado los índices de criminalidad. Sólo
en Guatemala se estima que hay un millón de armas.
Mientras tanto, Honduras también afronta graves problemas, los cuales
fueron catalogados en el primer Foro Centroamericano sobre la
Proliferación de Armas como "alarmantes".
Este país también afronta una tasa alta en homicidios. Inclusive, se
encuentra entre las primeras de Latinoamérica.
Las Fuerzas Armadas de Honduras son las que, por decreto, tienen el
monopolio de la venta de armas y en los últimos tres años reportaron un
considerable incremento. Nicaragua también tiene problemas de esta
naturaleza. Allí han identificado un fenómeno que llaman "Colombianización
de la guerrilla", que relaciona a estas con el tráfico de armas y drogas
que existe entre este país y Colombia.
Además, recientes investigaciones señalan que en Nicaragua aparecen
armamentos y pertrechos modernos, lo cual indica que hay suministro y
acceso a recursos y redes externas.
Y si visualizamos Costa Rica el problema es similar. Cada vez más
costarricenses creen ver en un arma de fuego un escudo contra la
delincuencia, pero un diagnóstico sobre este problema señala que el
armamento en manos de la población civil acelera el ciclo de violencia,
afecta la calidad de vida y aumenta en un 2,7 por ciento el riesgo de
muerte.
Un estudio realizado por el analista Max Loría -quien hizo una
investigación sobre el tema- muestra que un diez por ciento de los
costarricenses (350 mil, aproximadamente) dicen haber adquirido un arma
como medida de seguridad frente el hampa, cifra que contrasta con las
apenas 43 mil 241 que fueron inscritas entre 1989 y 1999 ante el
Ministerio de Seguridad Pública, MSP.
Los problemas de criminalidad son grandes en Centroamérica y los mismos
se ven agravados por una sociedad que cada vez parece más decidida a tomar
la justicia por su propia mano ante la desconfianza en sus sistemas, los
que consideran fomentan la impunidad.
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