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11 de febrero del 2002

Honduras con el mayor número de presos y la más alta mora judicial

San Pedro Sula

Celdas inhumanas, corrupción de sus autoridades, hacinamiento y privilegios entre reos, son algunas características del sistema penitenciario en Centroamérica, que de país a país muestra grandes diferencias desde la legislación hasta las condiciones de los presidios.

Guatemala está al frente con las fugas, Honduras es el que tiene más presos sin sentencia; El Salvador, el único que posee una ley penitenciaria; Nicaragua, el que más presos sentenciados guarda y Costa Rica le ha entrado a la onda de la privatización de cárceles.

Un recorrido por los cinco países permite concluir que el problema del sistema penitenciario no ha sido una prioridad en Nicaragua, Honduras y Guatemala, mientras en Costa Rica y El Salvador la administración de centros penales es ya una carrera, lo que les ha generado mejores resultados. La población penitenciaria en Centroamérica es de 41 mil 134 reos, de los cuales 26 mil 734 están sentenciados, es decir un 65 por ciento, mientras 14 mil 400 sólo están procesados y representan el otro 35 por ciento.

La lista de países con más reos la encabeza Honduras con 12 mil 909, seguido de El Salvador con 9 mil 679. En su orden le sigue Guatemala con siete mil 45 reclusos, Costa Rica con seis mil 392 y por último Nicaragua con cinco mil 109.

Estas mismas cifras, contabilizadas al 31 de diciembre del 2001, indican que Nicaragua tiene la mayor cantidad de presos con sentencia con 3,821, que representa un 75 por ciento de su masa penitenciaria, seguido de Costa Rica que tiene 4,493 reos con sentencia, que para ellos representa un setenta por ciento. El tercer lugar lo ocupa El Salvador que tiene a 4,384 reos con sentencia, un porcentaje de su población penitenciaria del 45 por ciento. Le sigue Guatemala con tres mil 27 reos sentenciados, un porcentaje de 42 por ciento.

Honduras es el país con la mayor mora judicial porque apenas mil 900 reos han sido sentenciados de una población de casi trece mil. En Honduras apenas un catorce por ciento de los reos tienen sentencia.

Las fugas de Guatemala

Guatemala tuvo el peor de los años en materia penitenciaria. El 17 de junio el grupo de 78 reos de alta peligrosidad realizó una espectacular fuga que incluyó el ingresar armas de grueso calibre a la cárcel de Escuintla, unos 70 kilómetros al sur de la capital, y escapar tras asesinar a una mujer policía y a un guarda de presidios.

La evasión, la más grande registrada en la historia Guatemala, provocó fuertes críticas de sectores políticos, económicos y defensores humanitarios, mientras el gobierno decretó un "estado de alarma" que dejó en suspenso tres garantías constitucionales por espacio de 30 días. Ana María de Klein, miembro de la organización Madres Angustiadas, no tiene dudas que cuatro delincuentes sobornaron a los guardias para que les facilitaran la fuga y junto a ellos se fueron decenas de reclusos, la mayoría ya recapturados.

"Aquí en Guatemala nunca se le ha prestado atención al sistema penitenciario'', expresó Klein, quien señaló que teniendo custodios son salarios de mil quetzales al mes, 127 dólares, es imposible no prever que se pueden dar sobornos.

En este momento, comentó, se tiene lista una propuesta de ley para que se haga una reforma completa, que incluya que a la dirección de cárceles se manden especialistas y no políticos o guardaespaldas de funcionarios, como ocurre en la actualidad.

Denunció que es irracional que más de la mitad de los reos no tengan sentencia por un sistema judicial que no es capaz de resolver con prontitud y eso ha hecho que las cárceles estén llenas de personas que han cometido delitos menores.

Desde su punto de vista deben cambiar los criterios para dictar autos de prisión porque de lo contrario los presidios se seguirán llenando de personas que al final pagan hasta más de la pena que se tipifica para el delito que cometieron.

En este momento Guatemala tiene dieciséis centros penitenciarios, mientras la Policía Nacional Civil maneja veintidós cárceles preventivas. De esos dieciséis centros penitenciarios la cárcel de Escuintla es la más grande y la de máxima seguridad con diseños exteriores similar a las prisiones de Estados Unidos, sólo que esos altos muros y tendidos eléctricos no sirvieron para detener una masiva fuga.

Es decir, según los mismos analistas, no se trata de simplemente de amurallar cárceles, sino de tener personal idóneo y bien pagado para que funcione el sistema.

La ley salvadoreña

En El Salvador hay un problema de criterios, pues mientras la sociedad y la clase política demandan endurecer las penas como la mejor medida para reprimir el crimen, las autoridades del sistema penitenciario demandan que se enfoque el trabajo en la reinserción del delincuente, lo que implica un trato más humano. Francisco Rodolfo Garay es el director de Centros Penales y uno de los más expertos en el tema en Centroamérica y desde su punto de vista los problemas mayores que enfrentan son la sobrepoblación y el hacinamiento.

"El problema que existe en El Salvador es que existe una clase política que ven al reo con una visión inquisidora y en ningún momento ven el punto de la socialización'', resintió este catedrático universitario, que lamenta que la sociedad ve en la sentencia una simple venganza.

Expresó que cuando se habla de sistema penitenciario en la región nadie se detiene a visualizar el tipo de delitos. Por ejemplo en países desarrollados los grandes delitos son el tráfico de drogas y la evasión fiscal, mientras aquí se habla de delitos contra la propiedad y contra las personas. Entonces, dice, la policía se entera que una buena parte de los reos cayó preso por delinquir en las mismas calles oscuras y sin vigilancia y en lugar de vigilar más la zona, la demanda es para que al reo se le castigue de manera más radical.

Y en América Latina, expresa, hay una tendencia de hasta meter pena de muerte o cadenas perpetuas disfrazadas cuando le meten penas de 50 años. Sus quejas son muchas, pero tiene su consuelo en la ley penitenciaria, única en Centroamérica, con la que ha tratado de justificar sus ideas. Mientras en el resto de países la labor judicial termina con la sentencia, con esta ley penitenciaria existe un control para determinar si el reo está o no listo para volver a la sociedad.

Para ello tienen jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena y es ante ellos que un reo puede pedir un cambio de presidio y es la persona que vigila el avance en su rehabilitación. Cada uno de los reos puede gozar de beneficios y lo que se torna interesante del sistema es que las decisiones son individuales.

Es decir no se toman decisiones para el régimen sino con tratamiento especial para cada reo. Este sistema acaba de echar a andar una prueba y es que a los reos que han cumplido las tres cuartas partes de la pena se les permite salir de día y sólo llegar al centro penal a dormir y estas ya son decisiones que toma directamente la dirección de centros penales, sin necesidad de consultar al juez que dictó la sentencia.

El problema principal en El Salvador sigue siendo que es alta la cantidad de reos sin condena, lo que genera hacinamiento como en la Penitenciaría Central, conocida como Mariona, en donde está la mayor concentración de reos.

Esta cárcel es, sin duda, la que cuenta con la mayor cantidad de talleres para los reclusos, desde ebanistería, costura, zapatería, tornos, entre otros. Todos tienen lugares para estar ocupados y eso les ha servido para reducir los amotinamientos.

La única cárcel que hasta ahora no han podido controlar es la de Gotera, en donde han enviado la mayor cantidad de reos de alta peligrosidad, desde secuestradores, roba carros y asesinos en serie. Ahí el sistema ha tenido los mayores dolores de cabeza.

La mora judicial de Honduras

Honduras tiene en la mora judicial el talón de Aquiles de su sistema porque apenas un catorce por ciento de los reclusos tienen sentencia. Además, Honduras cuenta con la mayor población penitenciaria de Centroamérica.

A diferencia de otros países en Honduras no se hace carrera penitenciaria, los directores cambian con los gobiernos y los jefes dentro de los presidios se pasan rotando de acuerdo a intereses de sus superiores. Una de las cosas singulares de Honduras es que la seguridad a lo interior de las cárceles está en manos de los mismos reclusos, de manera que el personal asignado prácticamente sólo vigila seguridad externa. Además, eso ha contribuido a que existan reos en celdas especiales con aire acondicionado y televisor, mientras en algunas celdas meten hasta doscientos reos.

Los 26 presidios del país tienen capacidad para cinco mil 500 reos aproximadamente, pero en la actualidad la población penitenciaria es de doce mil 909 personas que ha convertido las cárceles en verdaderos centros de hacinamiento y peligro.

El director general de Servicios Preventivos, Ángel Leonel Bonilla, tiene claro que con las condiciones actuales, los presidios son un grave atentado contra la vida. No obstante, cree que con buena voluntad, honestidad y una cuantiosa inversión, éstos podrían ser hasta centros de producción que abastezcan al mercado nacional y ya no necesiten del presupuesto de la república.

En el sistema penitenciario ya se ven cambios. Sólo falta darle seguimiento a los proyectos ya establecidos para mejorar las condiciones de los reos, los custodios y de la infraestructura de las prisiones, según Bonilla. De acuerdo con las leyes hondureñas, toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, y de los casi trece mil presos menos de un quince por ciento están sentenciados, es decir, más de once mil son inocentes. En las cárceles apenas hay mil 900 reos están sentenciados, de los cuales 68 son mujeres, doce de ellas extranjeras, mientras los varones condenados son mil 838, de estos 38 son extranjeros.

En cuanto a los que están sin condena --once mil nueve-- diez mil 446 son varones, 96 de ellos extranjeros, y 563 son mujeres, seis extranjeras.

Pero en la actualidad también hay reos con arresto domiciliario debido a que son de la tercera edad y mujeres embarazadas o lactantes. De éstos hay 153 hombres y 123 mujeres. Además, se establece otra figura denominada "ciudad por cárcel", condición que tienen quince reos. Bonilla explicó que también existen unos 162 convictos que están libres, pero bajo ninguna de las condiciones anteriores, sencillamente se han fugado en el transcurso de los últimos años y de todos los presidios.

Las condiciones de los reos, condenados o sólo procesados, es igual pues no hay estructuras físicas que los separen, dijo Bonilla, esto porque es muy costoso construir módulos especiales. Esta es otra particularidad porque en el resto de países los procesados se separan de los condenados. No obstante señaló que a los reclusos de mayor peligrosidad, considerados así por las acciones imputadas, se les construyó un módulo con capacidad para mil en la Penitenciaría Nacional, localizada en Támara, Francisco Morazán.

Ese módulo de mayor seguridad le llama "Casa Blanca" y hasta cuenta con su propia administración. Ahí están los secuestradores, asaltabancos, roba carros y asesinos de la peor ralea. En los demás módulos y presidios la situación es igual y los reos se mantienen sin ninguna clasificación por delitos. "Con el exceso de población penitenciaria es difícil clasificarlos, aparte de que no hay estructuras diseñadas para tal fin", declaró Bonilla.

"La PN está diseñada para mil 800 reos y hay tres mil 200, de tal manera que ya no es sobrepoblación sino hacinamiento, de esa manera no se puede hacer una distribución de reos de acuerdo a los delitos, dijo. El director de los centros penales calificó como un gran problema a las pandillas, que en los últimos meses se han convertido en las gestoras de enfrentamientos que dejan muertos, incendios y motines en los presidios. En las cárceles del país hay 816 pandilleros detenidos y para disminuir los desórdenes que causan fueron separados por asociación en determinados presidios.

"Los problemas más frecuentes los provocan las pandillas y cuando los mandamos a otros presidios contaminan a los demás reos", dijo. Añadió que los incendios en las cárceles de San Pedro Sula y de Ocotepeque fueron provocados por ellos.

"Los pandilleros son capaces de todo y cada vez que hay información sobre un motín se detecta que son ellos los organizadores", señaló el oficial. De los 816 pandilleros presos, 430 son de una organización y 350 de otra, el resto de grupos minoritarios. Pero la gran solución a los problemas del sistema penitenciario, Bonilla los mira en convertir las cárceles en granjas penales, tal y como ocurre con las de Comayagua y La Paz.

Indicó que los centros penales absorben un presupuesto de 139 millones de lempiras y la mayor parte de ese dinero se gasta en alimentación y pago de salarios. Bonilla estableció que ese dinero podría generarse de las mismas granjas penales y hasta sobraría pero para eso se necesita una inversión inicial.

Los presidios de Nicaragua

Mientras a nivel policial en la población hay una enorme desconfianza, en materia judicial lo cierto es que en Nicaragua ha habido grandes avances, sobre todo en la diligencia de los juicios. Nicaragua, con ocho presidios a nivel nacional, tiene una población penitenciaria de cinco mil 109 reos, de los cuales tres mil 821 están sentenciados, es decir un 75 por ciento, la cifra más alta en Centroamérica y una de las primeras en América Latina.

Lo que sí se mantiene en Nicaragua son los privilegios especiales para reos, pues pese a que sus autoridades lo negaron, al dialogar con varios de los reclusos señalaron que los mismos son públicos y que son viejas las denuncias en ese sentido.

Las visitas en los centros penales de Nicaragua son reguladas y depende el régimen en que se encuentre el reo. Quienes vienen de los tribunales tienen visitas cada 18 días, los que están en régimen laboral cada quince días. Este último es el llamado régimen de adaptación, en el cual el reo realiza labores en áreas de servicio. El llamado régimen abierto es con visitas cada ocho días y generalmente es de cuatro horas los domingos. El régimen de cada reo lo determina una evaluación de varias personas.

Los sistemas a que todo reo aspira es al semiabierto y el abierto. El primero permite permisos de hasta 72 horas y en el segundo la persona puede trabajar incluso fuera del penal, aunque siempre en labores supervisadas. Acceder a estos sistemas tiene sus condiciones, por ejemplo están excluidas del beneficio quienes hayan cometido asesinatos, hayan participado en acciones de narcotráfico o se hayan fugado de un centro penitenciario.

Hay una etapa mucho más abierta y es la de convivencia familiar, en donde la persona ya no está presa, se integra a su familia y sólo tiene la obligación de reportarse al centro penal en casos especiales. El beneficio lo pueden gozar quienes hayan cumplido un sesenta por ciento de la pena.

Para Rosario Gaitán, directora de Centros Penales, la gran ventaja es que Nicaragua no tiene alta su mora judicial, lo que les permite tener un sistema sin hacinamiento y con división de los procesados con los sentenciados.

Aunque hay algunas áreas de trabajo, son dos las empresas dentro de la Penitenciaría Central de Tipitapa que emplean al grueso de los reos. Una es la fábrica de zapatos de tipo militar y la otra es la fábrica de placas, pues son los reos los que hacen todas las placas de vehículos que se usan en ese país.

La privatización de Costa Rica

Convencidos que requieren una cárcel gigantesca y que el gobierno no está en capacidad de construir, las autoridades penitenciarias han tomado una polémica decisión, concesionar esa cárcel para lo cual ya tienen una empresa ganadora.

Guillermo Arroyo, viceministro de Gobernación y con dos décadas de experiencia en centros penales, es el gran defensor de esa idea, que incluso no comparten muchos de los que están ligados a los presidios. La teoría de quienes se oponen a esa medida es que el concesionario buscará a toda costa evitar las fugas porque eso le acarrea multas, pero en la búsqueda de esa meta es seguro que atropellarán los derechos de los reclusos. Arroyo al defender su proyecto dice que la cárcel, con capacidad para 1,200 reos es prácticamente una ciudad, que será manejada por una empresa norteamericana con experiencia, que ya presentó los diseños y está lista para iniciar la obra.

Con este presidio se espera resolver el problema del 11 por ciento de la sobrepoblación y en la misma se ubicará a la gente peligrosa y de mediana peligrosidad, dentro de un recinto de máxima seguridad. A cambio de construir la cárcel, la empresa recibirá un pago diario por reo, y él sostiene que eso implica una rebaja en los costos. La cárcel tiene un costo de 72 millones de dólares y debe construirse en 18 meses. El dinero es el producto de un préstamo que el Estado debe pagar en veinte años.

El contrato establece que la vigilancia interna es responsabilidad de la compañía norteamericana, mientras la seguridad externa es responsabilidad de la administración de centros penales. Habrá tres cercas eléctricas, la seguridad en las primeras dos es del concesionario y si el reo pasa la tercera ya es responsabilidad de la seguridad de centros penales.

Lo que es interesante es que a la empresa se le multa por cada fuga y por si se encuentra droga y en caso de violar los derechos de los reos se le pude suspender la concesión. Se trata de un modelo europeo, pero único en América Latina.

La construcción de esta cárcel de máxima seguridad, de 42 mil metros cuadrados, es una necesidad por el deterioro de algunos centros penales como el de Heredia donde la estructura parece próxima a ceder. Costa Rica, después de Nicaragua, es el segundo de América Latina en cuanto a crecimiento de la población penal. Esta pasó, entre 1992 y el 2001, de 3.346 a 6.392, un aumento del 91 por ciento.

Un estudio realizado el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, ILANUD, da cuenta de dicho fenómeno. La investigación atribuye un 83 por ciento del crecimiento de la población penal en nuestro país a un mayor uso de las penas privativas de libertad y un 17 por ciento al crecimiento natural de la población del país.

Costa Rica tiene un sistema de trato o clasificación al reo similar a Nicaragua y El Salvador. En cuanto a centros de trabajo, dentro de sus cárceles se fabrican los pupitres que necesita todo el sistema educativo del Estado.

Las condiciones en las cárceles de Costa Rica son variadas, pues mientras en Heredia una pequeña cancha de cemento es todo el espacio de recreación, en Cartago los espacios son amplios y las actividades de recreación les permiten hasta montar concursos de canto y actividades deportivas.

Una de las ventajas del sistema penitenciario es que tanto los directores como los funcionarios han hecho una carrera, al grado de tener personas con veinte y veinticinco años de experiencia en este campo. Con lo anterior queda establecido que a nivel de Centroamérica son marcadas las diferencias entre uno y otro sistema, desde el tratamiento al delincuente hasta las condiciones en que se administran los centros penitenciarios.