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7 de febrero del 2002

Honduras, el país donde más crece el secuestro



El caso Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Investigación: Serapio Umanzor y Carlos Girón
Fotografías: José Cantarero

El secuestro es el delito de moda en Centroamérica, al grado que en Nicaragua un vendedor de pollos planificó el suyo y en El Salvador una banda integrada por guatemaltecos y hondureños realiza sus negociaciones con los familiares por internet a través del correo electrónico. Si se realizan las comparaciones con el pasado reciente se nota que Guatemala y El Salvador son los que más han implementado medidas para combatirlo, incluido aumentar las penas, Nicaragua y Honduras muestran una tendencia hacia el crecimiento y Costa Rica tiene la tasa más baja.

Al final del 2001 los secuestros mostraban que Nicaragua tiene la tasa más alta con cincuenta, seguido de El Salvador con 49. Honduras ocupa el tercer lugar con 35, delante de Guatemala que registró 32 y al final con Costa Rica con trece secuestros en el año.

Esto significa que en Centroamérica se presentaron 179 secuestros, lo que da un promedio de uno cada dos días, una cifra alta para una región que se supone está cargada de limitaciones económicas.

El análisis y las consultas en cada país indican que el endurar las penas y crear unidades especializadas para combatir ese delito permite reducir las cifras y muestra que mientras las policías siguen trabajando de manera aislada, las bandas de secuestradores han unido sus grupos para operar en todos los países y así facilitar las negociaciones y sus escapatorias.

En este delito se encuentra que las policías nacionales y los cuerpos del Estado lo han enfrentado desde diferentes ópticas y demuestra que el mejor antídoto para los criminales son las operaciones de rescate, con todo y el riesgo que conllevan.


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El caso Guatemala

Hasta hace dos años Guatemala era el país con la más alta tasa de secuestros en la región, pero las cosas han cambiado y lo que sí es contundente es que muchos "chapines'' no dejaron el secuestro, lo que hicieron fue cambiar de domicilio y en eso El Salvador y Honduras fueron los más perjudicados.

Eleonora Murallis, de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, Fads, recuerda que fue en 1995 cuando surgieron los secuestros extorsivos en Guatemala, ejecutados por bandas integradas por personas ligadas a la guerrilla o al mismo ejército. Los blancos eran empresarios, exclusivamente.

Un año más tarde, 1996, se vivió la peor de las pesadillas con más de mil secuestros, incluido niños, ancianos y adultos. En su mayoría eran secuestros cortos por cobros de cinco mil a cincuenta mil quetzales, es decir entre seiscientos y seis mil dólares.

Se trataba de bandas que sólo operaban de lunes a viernes cuando la gente podía retirar su dinero del banco. Los blancos preferidos eran menores de edad, sobre niños de las escuelas privadas.

Pero ante lo severo del problema se comenzó a aplicar la pena de muerte y de paso las penas se subieron a cincuenta años, lo que se tornó ejemplarizante y para el año 1999, los casos se redujeron a cero. A inicios del 2000 cuando llegó el nuevo gobierno hubo un repunte, no como el de 1996, pero sí mantiene siempre preocupada a la población.

A juicio de Murallis una de las causas del nuevo repunte es por la inestabilidad a lo interno de la Policía Nacional que en un año ha cambiado cinco directores y eso impide echar andar los planes contra las bandas. Esa inestabilidad hace que se den muchos secuestros y la gente no los denuncie.

Murallis, en sus estudios del secuestro, ha logrado concluir que por naturaleza los secuestradores a la hora de negociar siempre piden el diez por ciento de lo que en realidad aspiran a conseguir. Ellos se han vuelto expertos en dar este tipo de asesorías a las personas para evitar que se excedan en el pago de rescates.

Luis Arturo Paniagua, director de la Policía Nacional Civil, sostiene que el secuestro ha bajado y ese triunfo estima que se ha dado por la captura de numerosas bandas y porque la gente decidió denunciar los casos. Dice que ayudó mucho la reforma, pues antes la pena de muerte sólo era cuando mataban al secuestrado y hoy con sólo el secuestro ya se aplica la pena de muerte.


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El Salvador

La historia de los secuestros en El Salvador podría dividirse en dos partes, una antes del 21 de junio del 2001 y la otra después de esa fecha. Ese fue el día en que un grupo de secuestradores plagiaron al niño Gerardo Villeda Kattán, de ocho años, a quien la policía intentó rescatar de una vivienda en donde lo tenían en cautiverio.

Los delincuentes al verse acorralados optaron por matar al niño y en el cruce de disparos murieron dos policías e igual número de secuestradores. El caso conmocionó a los salvadoreños que exigieron mano dura contra estos criminales.

El Salvador había cerrado el 2000 con 114 casos y ya para junio del 2001 ya llevaba 35 más. Tras ese caso las medidas y operativos se endurecieron y al final la cifra de plagiados fue de 49, de los cuales catorce se rescataron con vida.

San Salvador no es precisamente el único blanco porque en la capital hubo 21 secuestros, mientras los otros 28 se dieron en el interior del país, donde la presencia policial no es tan abundante como en la capital.

Un dato curioso es que los secuestradores encontraron un perverso uso de la internet al realizar negociaciones a través del correo electrónico cuando tenían secuestrado al empresario cementero guatemalteco Andrés Torrebiarte. Esta banda secuestró al empresario en El Salvador, pero por sus redes primero negoció desde Honduras por teléfono y luego desde El Salvador por correo electrónico. Al final se capturó a la banda.

Desde hace unos meses, una unidad especial ha sido encomendada para estos trabajos y al final del año el resultado fue la captura de 206 personas ligadas a estas bandas de secuestradores, una cifra que duplica los resultados de años anteriores. Aunque la cifra pone al El Salvador como uno de los países con más alto índice de secuestros, sus autoridades estiman que los resultados contra ese delito han sido exitosos.

Pedro González, coordinador de Seguridad Pública, es uno de los que cree que es productivo el trabajo contra estas bandas, pero culpa a los medios de comunicación de magnificar los secuestros.


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Honduras

Tres secuestros por mes ponen a Honduras en la tabla media de los secuestros, pero en el primer lugar si se analiza el crecimiento promedio por año. Es decir, es el país con mayor crecimiento en secuestros en el último año.

En total fueron 35 secuestros, 27 de ellos realizados en la zona norte, conocida como Valle de Sula, donde se concentra la mayor cantidad de recursos económicos. La capital Tegucigalpa, con su accidentada geografía y estrechas calles no parece atractiva para los plagiarios.

En Honduras los secuestros surgieron en 1996 cuando plagiaron a la universitaria Reina Lucía Osorio, por cuya liberación se pagó 2,5 millones de lempiras. Luego apareció la banda de los hermanos Bustillo Padilla que ejecutó una cadena de secuestros hasta dar muerte al hijo del ahora presidente de la República, Ricardo Maduro.

Ese hecho generó una avalancha contra la policía y al final se desbarató la banda, unos cayeron muertos y otros presos. Se controló por un tiempo el secuestro, pero hace un año comenzó a resurgir y con matices más alarmantes.

Y se tornó más alarmante porque la clase alta dejó de ser el blanco preferido y en escena entraron los ejecutivos y comerciantes, a quienes comenzaron a negociar rescates desde 100 mil hasta dos millones de lempiras.

De hecho, de los 35 secuestros el monto cobrado por los plagiarios fue de unos 16 millones de lempiras, un millón de dólares. Aunque hay varias bandas, la policía tiene conocimiento que existe una tan grande que tiene capacidad para tener hasta cuatro personas secuestradas al mismo tiempo.

Estas bandas hablan incluso de que algunos secuestros les sirven para caja chica, o sea para juntar pequeñas cantidades de dinero para comprar alimentos, armas y rentar casas para un nuevo plagio.

Los resultados policiales han sido tibios, unas tres liberaciones apenas cuando la cifra es de 35 al año. La policía arguye que la casi totalidad de los casos hay una petición familiar para que no intervengan hasta que se haya liberado el secuestrado.

El hijo de una persona secuestrada reveló que es cierto que en las negociaciones hay que ser valiente y aprender a negociar "Porque nadie da más de lo que tiene'', sostuvo.

Denunció que es falso que a los secuestrados se les de buen trato, que eso se dice porque siempre está la amenaza de los delincuentes de que se diga que los han tratado bien.


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Nicaragua

En Honduras y Nicaragua se ha venido presentando un fenómeno que preocupa y son los autosecuestros. Por lo natural que se han vuelto los secuestros, muchas personas se han dedicado a secuestrarse ellos mismos para conseguir dinero de parientes o amigos. Y también hay casos extremos como en El Salvador donde un hombre que había perdido todo el dinero en los casinos secuestro a un hijo de su mejor amigo para sacarle dinero. Al final se le capturó y purga su pena.

En Nicaragua, un vendedor de pollo perdió 500 córdobas (37 dólares) de la venta del día, y para responder a la deuda, se alió con un amigo al que le pidió que dispersara la noticia que lo habían secuestrado.

Se trata de William Orozco Cruz, de 18 años, quien logró su objetivo porque en todo el barrio se corrió la bulla que estaba secuestrado, pero la policía decidió investigar el caso y al final descubrió que el hombre tenía que entregar esos 500 córdobas y como no los tenía no quería tener problemas con su patrón.

Los secuestros en Nicaragua pese a tener en promedio cincuenta cada año no han sido debidamente atendidos por la Policía Nacional, y de hecho al hablar con los oficiales ellos insisten en que ese no es un problema grave, pese a tener el mayor número de casos en Centroamérica.

En el caso de Nicaragua, como el de sus vecinos, el secuestro está ligado a bandas del crimen organizado que igual se dedica al asalto de bancos como al robo de vehículos y se mueven por esos territorios en otro negocio lucrativo, el tráfico de drogas.

Las cantidades que se han pagado por secuestros en Nicaragua siguen siendo bajas, salvo contadas excepciones, y la masiva presencia de armas y gente que las sabe manejar ha acrecentado este delito.


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Costa Rica

En un país donde el turismo es soporte de la columna vertebral de su economía, es natural que en Costa Rica se multipliquen esfuerzos por evitar que se den secuestros y los resultados son buenos, pero no del todo convincentes.

Al término del 2001 se tuvieron 13 secuestros, cifra que Francisco Ruiz, portavoz del Organismo de Investigación Judicial, no es alarmante, incluso insiste en que los plagios en su país son esporádicos.

Dice que tienen un cuerpo especializado con entrenamiento en México, Colombia y Estados Unidos que ha logrado no sólo rescatar a los plagiados, sino recuperar el dinero y capturar a los criminales. Destaca que tienen cuerpos especiales para secuestros en montaña y para secuestros en zonas urbanas.

Su criterio es compartido por el comisionado Walter Navarro, director general de la policía, quien estima que los secuestradores no encuentran un buen ambiente en Costa Rica porque casi todos los casos terminan resolviéndose con la captura de los criminales. Destaca el hecho que las personas confían en la participación policial, lo que ayuda a que se pueda intervenir cuando se presenta un plagio. También ve como punto positivo que se haya aumentado la pena para el secuestro en el mes de agosto.

De acuerdo a una reforma legislativa ahora se imponen de 10 a 15 años de prisión a quien secuestre a una persona para obtener rescate con fines de lucro, políticos o políticos-sociales, religiosos o raciales. La pena anterior era de de ocho a 12 años de cárcel.

Se sanciona con una pena de 15 a 20 años de prisión si el autor logra su propósito, si el hecho es cometido por dos o más personas, si el secuestro dura más de tres días, si el secuestrado es menor de edad, si es una mujer embarazada, si es una persona incapaz, enferma o anciana, si la persona sufre daño físico, moral, síquico o económico, si se empleó violencia contra terceros, si se trata de un funcionario público, diplomático o cónsul acreditado en el país o esté de paso y cuando el secuestro se realice para exigir los poderes públicos o nacionales o de un país amigo. En la normativa vigente las penas oscilan entre 10 y 15 años de prisión.

La pena es de 20 a 25 años de cárcel si le infringe a la persona secuestrada lesiones graves. Las sanciones vigentes van de 15 a 20 años. Si se produjera la muerte del secuestrado la pena es de 35 a 50 años de cárcel. La sanción anterior era entre 20 y 25 años.

De acuerdo a la experiencia de cada uno de estas naciones el tener cuerpos especializados y endurecer las penas es un camino adecuado para poder enfrentar a un delito que genera agrios dolores de cabeza en la sociedad centroamericana, que ya cumple un lustro soportando el surgimiento de este ilícito.

Particularidades del secuestro en Centroamérica

·Las bandas operan conectadas con integrantes de todos los países de la región.

·Los secuestradores ahora han acudido a modernizarse hasta llegar a usar el Internet para realizar las negociaciones.

·Nicaragua tiene el nivel más alto, pero no es un delito que figure entre los prioritarios para ser solucionado.

·Honduras presenta la tendencia de mayor crecimiento con tres secuestros por mes.

·Endurecer las penas y tener cuerpos especializados demuestra que sí da resultados.

·En la medida en que los parientes de secuestrados estiman que hay cuerpos especializados, en esa medida acepta la intervención policial.

·Cada vez los secuestros apuntan a gente de clase media alta dejando por un lado a los fuertes empresarios.

·Los plagiarios al final aspiran a que les del el diez por ciento de lo que piden originalmente. Necesario es tener buenos negociadores.

·Los secuestradores siempre buscan secuestros cortos y evitan hacer los mismos los fines de semana porque los bancos están cerrados.

·Cada vez se muestra que a los secuestrados sí los maltratan y si dicen que no lo fueron es por las amenazas que reciben al liberarlos.


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